Interrupción del embarazo

El máximo tribunal del país ratificó que en Argentina no es necesaria la denuncia ni autorización judicial para llevar adelante interrupciones legales del embarazo y fue fundamental para aclarar que todas las personas que fueron víctimas de una violación tienen derecho a la interrupción del embarazo.

El mismo fallo exhortó a los Estados nacionales y provinciales a proporcionar las condiciones necesarias para llevar adelante las interrupciones legales de embarazos de manera rápida, accesible y segura. Les pidió que elaboraran protocolos de atención “para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos”.

Después de F.A.L., en 2015 el Ministerio de Salud de la Nación actualizó el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo en todos los hospitales y centros de salud del país.

¿Qué dice el fallo F.A.L. y por qué fue tan importante?

En diciembre de 2019 el Ministerio de Salud de la Nación volvió a actualizar el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo y lo hizo una resolución de rango ministerial. Por primera vez esta guía que dice cuáles son las prácticas recomendadas nacional e internacionalmente logra tener status ministerial.

Más allá de la adhesión al Protocolo, el Código Penal rige en todo el país desde 1921. Por lo tanto, no cumplir con la interrupción del embarazo por causales es no cumplir con la ley. Sin embargo, y a pesar de todos estos instrumentos, las barreras para las interrupciones legales de los embarazos siguen existiendo.

Se trata de una guía orientada a los equipos de salud. En este Protocolo se establecen los derechos de las personas y las obligaciones del sistema de salud para garantizar el acceso a las interrupciones de embarazos legales y seguras, según lo que señala el Código Penal desde 1921, ratifica la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo F.A.L. de 2012 y aquello que indica Código Civil y Comercial de 2015. Además, desde el punto de vista clínico, incorpora las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, máximo organismo rector de política sanitaria a nivel global.

La última actualización del Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE) fue publicada en diciembre de 2019 por el Ministerio de Salud de la Nación. La primera versión del Protocolo ILE fue publicada en 2007. Esta nueva actualización tiene, por primera vez, rango ministerial. Este Protocolo debe aplicarse en todo el territorio argentino y en todas instituciones sanitarias, sean públicas o privadas.

Describe el alcance del marco legal vigente en la Argentina, según el cual no se necesita una denuncia policial ni autorización judicial para acceder a un aborto legal en las causales que establece la ley (si el embarazo representa un riesgo para la vida de la persona embarazada, si representa un riesgo para la salud o si es producto de una violación). Alcanza con que un profesional de la salud certifique la causa de interrupción del embarazo. En casos de violación, el Protocolo indica que solo se requiere una declaración jurada donde se diga que el embarazo es producto de una violación. Y en el caso de las niñas menores de 13 años la declaración jurada no es necesaria.

Además, señala que durante todo el procedimiento debe respetarse la privacidad y garantizar la confidencialidad, así como el derecho de la persona de decidir y elegir sobre su cuerpo, su salud y su vida.

El derecho a la interrupción del embarazo está garantizada por el Código Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación según lo dictado en el Fallo «F.A.L.». Dicho fallo, estableció los criterios mínimos que deben contemplar los protocolos de atención sanitaria de todo el país. Estos son:

  • Que se respete el derecho a interrumpir el embarazo en todos los casos de violación, sin importar la capacidad de la persona gestante;
  • Que no se exija autorización judicial, ni denuncia policial previa en ningún caso;
  • Que, en caso de violación, el único requisito es una declaración jurada en la que la víctima confirme el hecho;
  • Que se garantice la información y la confidencialidad a la persona que requiere la práctica;
  • Que se eviten procedimientos administrativos o períodos de espera que retrasen innecesariamente la atención y disminuyan la seguridad de las prácticas;
  • Que se eliminen los requisitos que no estén médicamente indicados;
  • Que se articulen mecanismos que permitan resolver los desacuerdos que pudieran existir, entre el profesional interviniente y la paciente, respecto de la procedencia del aborto;
  • Que los profesionales de la salud puedan ejercer la objeción de conciencia, es decir, negarse a practicar el aborto, pero siempre debe haber un profesional en el servicio que garantice la atención;

El Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo del Ministerio de Salud de la Nación de 2019 incorpora estos criterios junto con las modificaciones al Código Civil y Comercial -que especifican cómo debe ser el proceso de toma de decisiones en temas de salud de niñas y adolescentes y de personas con discapacidad-, otras observaciones de órganos internacionales de derechos humanos y las nuevas técnicas de atención en salud sexual y reproductiva de la OMS. Así, explica a los profesionales de la salud cuáles son los estándares de atención. Además, cada provincia puede contar con su propio protocolo pero, si no contiene este tipo de modificaciones, su normativa se encuentra por debajo del estándar y no se atiene al marco normativo óptimo.

Entre las obligaciones del sistema de salud, se destacan la de ofrecer información válida y confiable, brindar cuidado y apoyo necesario a las víctimas de violencia sexual y, sobre todo, garantizar el acceso a la práctica.

La interrupción legal del embarazo tiene que ser un proceso rápido. Por eso, el Protocolo señala que el sistema de salud no debe poner obstáculos ni demorar el acceso a este derecho ya que las maniobras dilatorias ponen en riesgo la salud de la persona gestante. Quien brinde información falsa, demore la atención o se niegue a realizar una ILE puede ser sancionado.

Sumado a la no judicialización los principios que rigen la ILE son la confidencialidad, la privacidad, la celeridad/ rapidez y la transparencia activa.

Cuándo hablamos de niñas nos referimos a menores de 13 años. Las niñas podrán brindar su consentimiento con el acompañamiento de sus progenitores, representantes legales, personas que ejerzan formal o informalmente roles de cuidado, personas “allegadas” o referentes afectivos quienes ratifican este consentimiento.

En el caso de adolescentes, entre los 13 y 16 años, pueden dar su consentimiento autónomamente para las prácticas de ILE cuando esta no implique un riesgo grave para su salud o su vida.

Todas las personas de 16 años o más son consideradas por la legislación argentina como adultas en lo que refiere al cuidado del propio cuerpo.

Para las niñas y adolescentes de 15 años o menos un embarazo implican un riesgo aumentado para su salud tanto física como mental. Es por esto que la interrupción del embarazo se enmarca dentro de la causal salud y tienen derecho a la interrupción legal del embarazo.

Las y los niñas/os y adolescentes tienen derecho a ser escuchadas/os y prestar su consentimiento, necesiten o no acompañamiento, ya que la regla general según el Código Civil es que cuentan con su plena capacidad para consentir.

Cuando se trata de niñas y adolescentes víctimas de violación, el equipo de salud debe brindar en forma prioritaria, la atención sanitaria y la contención requerida.Tienen que ser informadas y en lenguaje accesible sobre su derecho a ILE. La justicia sólo debe intervenir para proteger a la niña o adolescente por la situación de abuso y para la sanción del abusador.

En todos los casos deberá ser prioritario el interés superior de la niña o adolescente involucrada – entendida como la máxima satisfacción, integral y simultánea de sus derechos y garantías- y en especial la aplicación del principio de la capacidad progresiva, que es el desarrollo en el tiempo de la capacidad para la toma de decisiones, de acuerdo al estipulado en el artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación en 2015.

Las personas con discapacidad tienen derecho a solicitar y acceder a la ILE por sí mismas, así como a negarse a que se les practique un aborto sin su consentimiento, en igualdad de condiciones que el resto de las personas.

El equipo de salud debe brindar información de manera accesible y adecuada para que la persona pueda decidir con plena comprensión de las circunstancias. Además, tienen derecho a solicitar y acceder a los ajustes razonables y sistemas de apoyo para poder ejercer su derecho a la decisión autónoma.

El Protocolo ILE subraya que la objeción de conciencia es siempre individual y no institucional. Por eso, aquel profesional que se niegue a realizar la práctica por motivos éticos, religiosos, morales o filosóficos deberá notificar su voluntad por escrito y derivar a otro profesional que garantice la realización de una ILE. En caso de emergencia, deberá realizarla.

En caso de que una persona gestante deba realizarse una interrupción legal del embarazo con medicamentos en el primer trimestre de gestación, el personal de salud le deberá facilitar toda la información para el procedimiento de forma ambulatoria y auto administrada. Deberá explicarle qué es el misoprostol, cómo se usa, cuáles son las vías de administración y las dosis, qué efectos son esperables, las pautas de alarma, los efectos secundarios y cómo acceder al control post tratamiento y la anticoncepción post aborto.

Para este fin, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva diseñó un folleto con toda la información -detallada en forma clara y didáctica- que el equipo de salud deberá entregar a la persona gestante -ya sea en formato impreso o digital- luego de la Consejería en ILE.

#Dónde es una plataforma colaborativa donde encontrar servicios para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva. En ella es posible encontrar servicios que ofrecen información y servicios para la interrupción legal del embarazo.